En el desarrollo de Espacio de diálogo e intercambio de experiencias como mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos y derechos de la vida entre organizaciones integrantes de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) y de la Red de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Red K’at, se conoció el contenido de la Política Pública de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos, instrumento que aporta para el resguardo y seguridad digna para mujeres lideresas comunitarias que aportan en su labor comunitario.
Política Pública aprobada por la Presidencia de la República con el Acuerdo Gubernativo 198-2025 el 13 de noviembre del 2025, el objetivo de esta política es promover el respeto de los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos en reconocimiento de su rol en una sociedad democrática; crear mecanismo de prevención de riesgos y amenazas contra defensores de derechos; promover la coordinación interinstitucional con el sector justica para garantizar el acceso a la justicia y reparación digna a las defensoras.
La Política Pública es resultado del cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs Guatemala, el cual se refiere al acceso a la justicia y señala la falta de acciones que dieran con los responsables del asesinato de un defensor de derechos humanos en 2004, después de 10 impunidad el 28 de agosto de 2014, la Corte IDH resolvió condenar al Estado por la denegación de justicia en este caso, ordenando al Estado de Guatemala implementar en un plazo razonable, una política pública para la protección para los defensores y defensoras de derechos humanos.
La rectoría de la Política estará a cargo del Ministerio de Gobernación (MINGOB) y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) estarán a cargo de la coordinación de su implementación, al ser la Secretaría del Consejo Coordinador.
La fase siguiente es la creación del Consejo Coordinador, el cual deber garantizar la implementación efectiva y la supervisión continua de la Política, integrada por los diferentes ministerios y dependencias estatales. Actuará como un espacio de articulación estratégica, promoviendo la comunicación efectiva en la toma conjunta de decisiones entre los ministerios e instituciones involucradas.
Para garantizar la gobernanza en la Política, dentro de la estructura del Consejo Coordinador se establecerán comités específicos de acción, por ejes de atención, que permitan consolidar la articulación de esfuerzos interinstitucionales. Con el fin de asesorar y acompañar en el cumplimiento de la política se invitará a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). De igual forma, se podrá invitar a organizaciones internacionales como observadoras de la implementación de la Política.
También debe crear espacios de participación de la comunidad defensora de derechos humanos en el seguimiento y monitoreo de la Política, se creará un espacio específico de carácter consultivo, que oriente la implementación y evaluación de la Política; esto permitirá fortalecer y expandir las alianzas estratégicas con representantes de la comunidad defensora de derechos humanos.
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