Esta es nuestra voz, la alzamos con fuerza por la vida del agua
Ciudad de Guatemala, 28 y 29 de mayo de 2025
Autoridades indígenas, guías espirituales, líderes y lideresas comunitarias, juventudes, y representantes de más de 30 asambleas territoriales de Guatemala nos reunimos en la ciudad capital para celebrar la Cuarta Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua. Este espacio nace del compromiso por honrar la existencia del agua como ser vivo, y fortalecer las redes de articulación y lucha en defensa de su vida y su libre fluir. En un contexto de creciente presión sobre los bienes comunes, reafirmamos la necesidad de profundizar el diálogo colectivo sobre el futuro del agua en el país y sostener una postura firme ante los procesos estatales que buscan legislar sobre ella. Las organizaciones que conformamos esta Cumbre asumimos el reto de proponer un camino basado en nuestras prácticas, saberes y derechos colectivos, asegurando que cualquier política hídrica refleje nuestras realidades territoriales, respete nuestros sistemas propios de gestión y garantice la vida de todos los seres.
En los últimos años, el avance de proyectos extractivos, monocultivos, hidroeléctricas y procesos de urbanización desmedida han afectado gravemente los territorios y las fuentes de agua en Guatemala. Las comunidades han visto restringido su acceso al agua, enfrentando sequías, contaminación y privatización. En este escenario, el gobierno ha anunciado su intención de construir una Ley de Aguas mediante un proceso participativo. Sin embargo, aún no existe claridad sobre cómo se incorporarán sus voces de manera vinculante. Frente a este panorama, los pueblos organizados en la Cumbre Plurinacional decidimos generar un proceso de reflexión amplia que nos permita compartir experiencias, definir posturas y construir propuestas comunes desde nuestras cosmovisiones y derechos.
Este documento es el resultado de un proceso colectivo de escucha, análisis y diálogo desarrollado durante la Cumbre Plurinacional. Conformamos mesas temáticas y grupos focales en las que participamos más de 250 personas delegadas de distintos pueblos, edades, géneros y territorios. Las discusiones se organizaron en torno a cinco ejes: prioridades en el uso del agua, sistemas de gestión comunitaria, privatización del agua, autoridades del agua, financiamiento de proyectos. Cada espacio fue acompañado por facilitadores y sistematizadores que recogieron las voces, experiencias y propuestas. Al final del proceso, se realizó una plenaria general donde validamos los principales hallazgos y establecimos los consensos que ahora presentamos.
Demandas y situaciones del agua según las mesas temáticas
1. Prioridades en el uso del agua: Coincidimos en que el agua debe tener como prioridad su uso para el consumo humano, y este debe ser ratificado como un derecho fundamental, inherente y reconocido para todas las personas. De la misma manera, debe asegurarse el caudal ecológico para garantizar la vida y el cuidado de la naturaleza. También deben ser prioritarias las actividades de subsistencia a pequeña escala, incluyendo todas las formas de uso del agua que garanticen la soberanía alimentaria de los pueblos y comunidades. En la actualidad, las políticas estatales y municipales priorizan el uso del agua para megaproyectos hidroeléctricos, industrias extractivas, empresas de venta de agua, agroindustria y monocultivos, afectando directamente a las comunidades y ecosistemas. Es evidente que la lógica de mercado se impone sobre las necesidades, dejando sin acceso a quienes tienen menor capacidad económica. En este sentido, reafirmamos que el agua no puede ser tratada como mercancía y que el Estado debe garantizar una distribución equitativa, que respete las prácticas y formas de administración ancestrales y territoriales que han protegido las fuentes de agua.
2. Sistemas de gestión del agua comunitarios:
En cuanto a los sistemas de gestión comunitaria, existen múltiples experiencias exitosas de organización desde las bases: comités de agua, consejos comunales, alcaldías indígenas y juntas locales que se han organizado y administran sistemas de producción, cosecha y distribución de agua sin haber tenido nunca apoyo estatal. Estas formas de gestión se basan en el trabajo colectivo, la toma de decisiones asamblearias y principios de solidaridad y cuidado. A pesar de su funcionalidad, las comunidades enfrentan amenazas constantes de cooptación y despojo, especialmente por parte de municipalidades y empresas que intentan asumir el control de los sistemas construidos por la propia comunidad. Denunciamos que, en varios casos, la municipalización del agua ha significado corrupción, desabastecimiento, tarifas injustas y abandono de responsabilidades. Por ello, se exige el reconocimiento legal de la gestión comunitaria como forma legítima y preferente.
3. Privatización:
Denunciamos la privatización del agua como una forma de despojo y violencia estructural. En todos los territorios existen diversas estrategias de privatización: concesiones a empresas hidroeléctricas y mineras, acaparamiento, desvío y contaminación de ríos, embotellamiento y comercialización del agua, tarifas abusivas y apropiación institucional mediante la declaración de áreas protegidas sin consulta, que ha dejado sin acceso al agua a comunidades originarias. Estas prácticas afectan especialmente a las mujeres, quienes sostienen el cuidado del agua en el hogar y la comunidad. Frente a ello, las comunidades hemos respondido con organización, articulación, denuncias colectivas, desarrollo de consultas populares, monitoreo comunitario, acciones legítimas que han derivado en criminalización de defensores y defensoras por parte del Estado. Cualquier proyecto de ley relacionado con el agua debe incluir una prohibición expresa a que el agua sea privatizada, para detener la consolidación de AGUAtenientes que, de manera privilegiada y con impunidad, acaparan y se convierte en mercaderes del agua sin importar si llevan el agua en pipas, en botellas plásticas, en represas o en cualquier otra forma de acaparamiento. Un proyecto legítimo de Ley debe partir de la base de que el agua es un bien común, un ser vivo y un derecho humano no negociable, que cumple una función social y ecológica que no puede alterarse.
4. Autoridad del agua
Sobre la autoridad del agua, la gobernanza debe ejercerse desde los territorios y cuencas, con base en estructuras comunitarias, ancestrales y territoriales. La autoridad debe integrar las formas de organización de los pueblos, incluyendo a comités de agua comunitarios y otras formas de organización de los pueblos alrededor del agua, para consolidar una autoridad plurinacional que coadministre el agua, que sea transparente y funcione con mecanismos de rendición de cuentas y participación. Debe tener además la facultad de mantener controles dobles en materia de uso del agua, revisión de estudios de impacto ambiental, y cualquier forma de concesión de nuevos derechos de uso del agua en los territorios. Rechazamos la idea de que los entes estatales actúen sin consulta o que formen mecanismos corporativos para tomar decisiones en función de intereses privados y en territorios ajenos. Es necesario construir un modelo de gestión multinivel donde las decisiones se tomen desde abajo hacia arriba, respetando la autonomía territorial y la libre determinación de los pueblos.
5. Financiamiento de Proyectos relacionados con el agua.
Vemos con gran preocupación el financiamiento de proyectos comunitarios de agua y saneamiento. Aunque son las mismas comunidades quienes financian con su trabajo e impuestos los proyectos, no son verdaderamente tomadas en cuenta en las decisiones alrededor de estos. Las municipalidades, con frecuencia, manejan los fondos con opacidad, lógicas clientelares y corrupción. Denunciamos prácticas de abandono, proyectos mal ejecutados, sin viabilidad técnica y persecución a líderes y autoridades que exigen rendición de cuentas. Proponemos que los recursos públicos e internacionales destinados a cada cuenca sean gestionados directamente por los comités comunitarios, con auditorías sociales, mecanismos de control y participación activa de las mujeres. Destacamos la experiencia de comunidades que han logrado levantar sistemas de agua por su cuenta, y proponemos que se legisle a favor de modelos de autogestión, donde sean las mismas comunidades organizadas las que accedan a la planificación y ejecución del financiamiento con el apoyo técnico de la institucionalidad.
Demandamos que exista justicia ante la contaminación, la privatización y la impunidad. Quienes destruyen las fuentes de agua, acaparan o incumplen sus responsabilidades ambientales DEBEN SER sancionados de manera efectiva, con multas y mecanismos de vigilancia que impidan que principios de buena fe y organización sean manipulados. Exigimos que las autoridades responsables apliquen la ley con transparencia y actúen con celeridad ante denuncias. Exigimos que las externalidades ambientales y sociales negativas de los proyectos y actividades corporativas en los territorios, dejen de ser asimiladas por las comunidades. Es necesario que existan sanciones ejemplares, que eviten que la sanción sea menor al daño que se produce a la vida del agua. Para ello proponemos que sean las propias comunidades quienes tengan la facultad de aplicar sanciones sociales y que se reconozcan las normativas propias como legítimas.
Desde los diversos territorios exigimos que el proyecto de Ley de Aguas sea construido de forma participativa, vinculante y desde abajo. Esta Ley debe reconocer la gestión comunitaria como base principal, prohibir toda forma de privatización, garantizar el acceso equitativo y priorizar el agua para la vida y los ecosistemas. Recomendamos crear fondos específicos para la restauración de fuentes de agua, programas de restauración ecológica de cuencas, formación técnica local y fortalecimiento de comités de agua. Asimismo, demandamos un sistema de gobernanza hídrica con participación efectiva de las comunidades, asegurando mecanismos de transparencia, control social y rendición de cuentas.
Esta nueva legislación debe tener como ejes centrales la espiritualidad, los conocimientos ancestrales y el protagonismo de mujeres y juventudes. La historia debe construirse desde lo local hacia lo nacional, y esta Cumbre es una muestra viva de que los pueblos estamos preparados para liderar esa transformación.
Es urgente que este proyecto de Ley contemple mecanismos de protección jurídica para los defensores del agua, promueva el respeto a las consultas comunitarias como herramientas legítimas de decisión y reconozca los saberes propios como pilares de la gestión hídrica. Desde nuestros territorios, proponemos fortalecer las redes territoriales de cuidado del agua e impulsar una política nacional de restauración de cuencas que se construya desde los pueblos. El reconocimiento del agua como ser con derechos propios y como parte fundamental de los sistemas de vida de los pueblos debe ser el principio rector de toda legislación futura que aspire a garantizar justicia hídrica y bienestar colectivo.
«El agua tiene memoria, tiene voz y tiene fuerza; y con ella caminamos hacia un futuro justo y digno para nuestros pueblos»
Cuarta Cumbre Plurinacional por la libertad para el agua
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